Santiago del Estero: la lucha y el reclamo por verdad y justicia

25 de Mayo de 2007
Santiago del Estero

LA JUSTICIA FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Y LAS CAUSAS POR VIOLACION DE DDHH

Se cumplen cuatro años desde que retomamos el camino de búsqueda de Verdad y de reclamo de Justicia para los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que el Terrorismo de Estado llevó adelante durante la década del ’70 y que en Santiago del Estero costó la desaparición forzada de 140 personas, además crímenes, cárcel y torturas para otros cientos de santiagueños.
Hace ya cuatro años que la lucha y el reclamo por verdad y justicia ganó nuevamente las calles y los estrados judiciales, después de la caída de las leyes de impunidad, conocidas como “obediencia debida” y “punto final”.

Fueron cuatro años de trajinar incesante por pasillos y despachos judiciales, tiempo en el que se logró reunir, con el esfuerzo de familiares y organismos no gubernamentales, contundente material de prueba a través de más de 30 querellas y 160 testimonios que evidencian un plan sistemático de exterminio y persecución ejecutado desde el Estado por una maquinaria de muerte que tuvo como eje el accionar delictivo de grupos de tareas integrados por policías y militares; con la complicidad y el silencio de funcionarios civiles –entre ellos muchos del Poder Judicial.

Los mismos nombres, repetidos hasta el cansancio ( Ramiro López, Tomás Garbi, Juan Bustamante, Francisco Laitán, Baudano, Leopoldo Sánchez y otros encabezados por Jorge D’amico y Musa Azar) , desfilan uno tras otro en los testimonios de familiares y de ex - presos políticos, estableciendo un accionar y lugares comunes en la azonada de muerte que tuvo a estos personajes como protagonistas en Santiago del Estero.

Sin embargo frente a la contundencia de estos hechos -sostenidos por numerosa prueba documental y testimonial- la Justicia Federal demuestra su incapacidad para abordarlos en su verdadera dimensión.

La provisoriedad de su actual estructura, sin jueces ni fiscales permanentes, resultado de la remoción del Juez Toledo y de las idas y vueltas en la designación de otros funcionarios son un ejemplo claro, situación que agrega confusión y morosidad a las ya de por si morosas resoluciones judiciales.

Hoy el accionar de la justicia está marcado por la transitoriedad en las decisiones, lo cual genera zozobra en los familiares que desde hace treinta años esperan respuestas definitivas sobre el destino de sus seres queridos que aun permanecen en calidad de desaparecidos.
A lo largo de todo este tiempo hemos insistido en la necesidad de la acumulación de las denuncias que tienen cientos de víctimas diferentes, pero siempre a los mismos victimarios como protagonistas.

Sostenemos la necesidad de la acumulación porque permite probar el modus operandi de este grupo y la conexidad entre los hechos.
No obstante este camino ha sido reiteradamente rechazado por las decisiones judiciales que se han empeñado en tomar casos aislados produciendo entre otras cosas resultados que se traducen en imputaciones o procesamientos que nada tienen que ver con la dimensión de los hechos juzgados.

Imputar sólo de “privación ilegítima de la libertad” al mismo grupo de tareas sindicado como responsable de al menos 40 0 50 desapariciones de personas, sin siquiera insinuar la posibilidad de la asociación ilícita y del homicidio de la víctima de este delito que por esta circunstancia está hace más de 30 años ausente de su hogar, reafirma lo que sostenemos.

Por otro lado esta decisión de juzgar caso por caso duplica o triplica innecesariamente los esfuerzos procesales situación que obliga además a desplegar los ya escasos recursos con que cuenta la Justicia , en cada una de estas causas que bien podrían ser juzgadas en forma concurrente.

Cientos de notificaciones a abogados y testigos, que ya declararon en otras causas similares y que dirán exactamente lo que ya dijeron, vuelven lento y engorroso el desenvolvimiento de estas causas, afianzando una vez más el convencimiento de que una justicia lenta no es justicia.

Es por todo esto que reclamamos enérgicamente - como tantas veces - mayor celeridad, coherencia y firmeza en las decisiones a los responsables de la marcha de las acciones judiciales iniciadas en el 2003 y que a casi cuatro años siguen en un estado de confusión y desaciertos que hacen suponer se seguirá consagrando la impunidad para los crímenes de lesa humanidad. Y postergando los justos deseos de verdad y justicia de cientos de familiares de víctimas y de la ciudadanía toda que necesita construir la democracia sobre bases sólidas.

ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y EX – PRESOS POLITICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO